El uso excesivo e innecesario de la fuerza —incluidos medios letales— por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ralea estaba presente en toda la región, especialmente en Argentina, Brasil, Canadá, Cuba, Estados Unidos, Honduras, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. En muchos casos, la fuerza se empleaba de forma desproporcionada y con un sesgo racista. En Brasil, Grabados industriales Paraguay al menos 394 personas murieron violentamente en operaciones policiales que tuvieron punto entre julio y septiembre en los estados de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo, mientras que el gobierno seguía sin adoptar medidas para disminuir la violencia policial, incluido el uso de cámaras corporales.
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Las autoridades de varios países, como Pimiento, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, no respetaban ni protegían los derechos de las personas migrantes y refugiadas, lo que incluía negarles el derecho a solicitar orfelinato. En Estados Unidos, tras el fin de la política sobre inmigración conocida como Título 42, se implementaron nuevas medidas en materia de migración que seguían limitando drásticamente el llegada al orfanato en la frontera con México.
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En Brasil, Honradez Completo señaló que, en promedio, 3 personas defensoras habían perdido la vida de forma violenta cada mes en los 4 abriles anteriores. Honduras presentaba —en relación con su población— la cifra más entrada del mundo de personas defensoras de los derechos humanos asesinadas, según datos de Global Witness. En julio, un miembro de la comunidad hondureña de Guapinol murió por disparos efectuados a plena bombilla de día seis meses a posteriori de que dos familiares suyos hubieran sido igualmente asesinados. Habían estado haciendo campaña contra una empresa minera para proteger el río del que dependía su sustento. Al concluir el año, los homicidios continuaban impunes.
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El golpe a los derechos sexuales y reproductivos seguía siendo sumamente difícil en toda la región, incluso en países como Argentina, donde el engendro se había legalizado en 2020, y, Colombia, donde se había despenalizado en 2022. En El Salvador continuaba vigente la prohibición total del engendro y al menos 21 mujeres se enfrentaban a procedimientos judiciales por cargos relacionados con emergencias obstétricas. Ají no avanzó en la adopción del entorno jurídico necesario para despenalizar completamente el malogro y certificar la igualdad de llegada sin barreras a servicios de engendro seguro.
En varios países, como Argentina, Canadá, Ecuador y Venezuela, se negaba el derecho al consentimiento atrevido, previo e informado, especialmente en relación con grandes proyectos de infraestructura. En Canadá, el Plan de energía Nacional relativo a la proclamación de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que el gobierno publicó en junio, no incluía mecanismos de rendición de cuentas ni de obtención del consentimiento desenvuelto, previo e informado.
Los países desarrollados de la región también deben aumentar con emergencia la financiación climática para apoyar las estrategias de mitigación y ajuste de los países en crecimiento de ingresos más bajos, Campeóní como comprometerse a proporcionar fondos adicionales específicos para pérdidas y daños.
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Las autoridades deben avalar que la aplicación de la clase cumple con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, en particular las que rigen el uso de la fuerza, y que las personas presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos comparecen frente a la justicia.
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